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Esta es una de las disposiciones incluidas en el proyecto de Real Decreto. La norma garantizará también la accesibilidad para la práctica deportiva a los discapacitados.
El Estado tendrán también que favorecer la participación y formación de estas personas en los programas y planes que fomenten el acceso universal a la cultura. EUROPA PRESS Las personas con discapacidad podrán ejercer labores de voluntariado en igualdad de condiciones que el resto de la población, según ha asegurado este sábado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Esta es una de las disposiciones incluidas en el proyecto de Real Decreto que desarrollará el Reglamento de ejecución de la Ley del Voluntariado de 2015, según Cermi, que ha elaborado un informe sobre esta norma que, asegura, será aprobada previsiblemente en los próximos meses. Según Cermi, el reglamento dispone que el Estado deberá desarrollar proyectos que utilicen la actividad artística o cultural como vías para mejorar la cohesión social, paliar las desigualdades y luchar contra todo tipo de discriminación, y en especial aquellos dirigidos a la infancia y a la juventud, personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión.

El Estado y el resto de administraciones tendrán también que favorecer la participación y formación de personas voluntarias en los programas y planes que fomenten el acceso universal a la cultura, con especial atención a aquellos dirigidos a personas en riesgo de exclusión, con discapacidad o en situación de dependencia. En el ámbito deportivo, el futuro reglamento insta a que las actividades de voluntariado sobre deporte y actividad física persigan siempre la participación de mujeres y hombres por igual, así como de las personas con discapacidad. Cermi ha resaltado que la norma garantizará también la accesibilidad para la práctica deportiva a las personas con discapacidad en las instalaciones y recursos deportivos gestionados por las instituciones públicas estatales, algo que es fundamental también para el deporte paralímpico. Asimismo, el reglamento señala que se adoptarán las medidas necesarias para que las personas con discapacidad se conviertan en agentes activos del voluntariado e incluye la obligatoriedad por parte de las organizaciones de voluntariado de garantizar la protección del personal voluntario, especialmente a las personas mayores o con discapacidad. Esta obligación se hace extensiva también en el ámbito de la cooperación internacional, debiendo brindar las entidades una atención sanitaria similar a la que tendrían en España cuando fuera necesario, sobre todo en circunstancias de enfermedad, embarazo o discapacidad, recalca este comité.

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La Justicia está obligada a proporcionar apoyos y a realizar ajustes para que se pueda llevar a cabo ese desempeño

Este miércoles 14 febrero entra en vigor la reforma de la Ley del Tribunal del Jurado, que permitirá a las personas con discapacidad física o psíquica formar parte de los jurados populares, una función a la que estaban vetadas hasta ahora.

Con esta iniciativa, aprobada por unanimidad en las Cortes, se ha adaptado la normativa española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en 2008 en España, y que en su artículo 13 establece el derecho de acceso a la justicia de este colectivo, «incluido el ajuste de los procedimientos para facilitar su desempeño en las funciones efectivas como participantes directos e indirectos».

La modificación de la Ley del Tribunal del Jurado se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 14 de diciembre. Se establecieron meses para su entrada en vigor, un plazo acordado por los grupos parlamentarios para que las administraciones adaptaran sus recursos a la nueva normativa, según indicaron fuentes del Ministerio de Justicia.

Con esta reforma, la Justicia está obligada a proporcionar apoyos y a realizar ajustes para que se pueda llevar a cabo ese desempeño en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.

Según ha explicado el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, una persona sorda signante, usuaria de la lengua de signos, tendría que estar acompañada por su intérprete, facilitado por el tribunal; una persona con discapacidad visual, debería disponer, si hay materiales escritos que han de ser considerados, de formatos alternativos, digitales por ejemplo, y una persona con discapacidad física debería poder ejercer como jurado con el acompañamiento de un ayudante.

«La casuística puede ser muy prolija, son solo algunas posibilidades», subraya Pérez Bueno. Si bien sostiene que la Administración de Justicia «está obligada» a hacer estas adaptaciones, también se ha mostrado convencido de que habrá problemas en los momentos iniciales de la aplicación de reforma de la Ley, pues «los espacios y los procedimientos judiciales carecen de cultura inclusiva y costará dar soluciones prontas y eficaces».

El presidente del CERMI considera que esta «anomalía» de momento se ha corregido «en el papel» y ha avisado de que ahora deberá traducirse en la práctica en el sistema judicial español, que considera «arcaico, vetusto y poco flexible para adaptarse a las demandas del presente y a los avances de todo tipo».

No obstante, ha advertido de que desde el CERMI estarán vigilantes y ha asegurado que la personas con discapacidad, apoyadas por sus organizaciones, podrán invocar el derecho que le otorga la Ley, y la Administración de Justicia tendrá que garantizarlo. «Las Leyes no bastan para asegurar los derechos, pero son el portal de entrada imprescindible», ha aseverado.

http://www.abc.es/sociedad/abci-personas-discapacidad-podran-jurado-popular-desde-este-miercoles-201802131301_noticia.html

 

El año 2017 se cerró con un incremento del 5,16% en el número de personas con discapacidad inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. Concretamente, y de acuerdo con los datos comunicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Socialal Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro activo de Somos Pacientes, la cifra de personas con discapacidad que se establecieron como trabajadores en 2017 se elevó hasta 980 – 681 varones y 299 mujeres.

Como explica el CERMI, “con estas nuevas altas, el RETA pasa a tener 19.943 trabajadores autónomos con discapacidad, frente a los 18.963 con que finalizó el año 2016, lo que supone un incremento de un 5,16% y es la cifra mayor alcanzada desde que hay datos diferenciados por discapacidad”.

Tendencia positiva

El dato correspondiente al 31 de diciembre constata la tendencia positiva observada a lo largo del año. Y es que durante el primer semestre de 2017 ya se registró un crecimiento del 4,26% en el número de personas con discapacidad que decidieron establecerse como trabajadores autónomos.

Concretamente, el número de autónomos con discapacidad a fecha de 30 de junio de 2017 ascendió a 19.771 trabajadores, de los que 12.750 eran varones y 7.021 mujeres.

En este contexto, cabe destacar que el CERMI viene demandando al Gobierno y al Parlamento más medidas de apoyo e incentivos a las personas con discapacidad emprendedoras que deciden establecerse como autónomos, ya que como recuerda el Comité, “es una vía de inclusión laboral en entornos abiertos de trabajo que ofrece un gran potencial de crecimiento, si existen medidas eficaces de acompañamiento”.

https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/la-cifra-de-trabajadores-autonomos-con-discapacidad-crecio-un-516-en-2017/

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