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La ley de discapacidad de C-LM garantizará la tutela de 35.716 personas y arranca con 5 millones anuales de presupuesto

Page da por hecho que habrá consenso político en su aprobación y luchará para que este derecho se incluya en la Constitución.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el pasado martes el Proyecto de Ley de Protección y Apoyo para personas con discapacidad, al que se destinarán 5 millones de euros durante 2018 y a la que podrán acceder un total de 35.716 personas de la región.

Esta ley tendrá como principal novedad el objetivo de convertirse en un instrumento para que las personas con discapacidad "retrasen el proceso civil de incapacitación" en la toma de sus propias decisiones.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que ha informado este martes en rueda de prensa sobre la aprobación de este proyecto junto al presidente regional, Emiliano García-Page, ha apuntado que a esta ley podrán acceder las 35.716 personas con discapacidad que tienen limitada su autonomía para la toma de decisiones, que suponen aproximadamente el 25 por ciento del total de 140.823 personas de la región con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

Sánchez también ha manifestado que los 5 millones que se destinarán en 2018 se emplearán en acciones como crear las unidades de orientación y apoyo o el establecimiento de más de 400 plazas residenciales, en centros de día o en atención temprana, entre otras.

La consejera ha destacado que la ley permitirá a las personas con discapacidad que presenten una limitación en su autonomía "configurar de forma dinámica los apoyos que pueda necesitar a lo largo de su vida".

En este sentido, ha explicado que esta configuración se llevará a cabo mediante los planes personales de futuro, un instrumento que permitirá que estas personas puedan plasmar "sus preferencias y las de su familia" para que se lleven a cabo cuando las personas con discapacidad no se encuentren capacitadas para tomar decisiones y no tengan familiares que puedan apoyarles. En este sentido, también ha puesto en valor la inclusión en la ley de la figura del mediador.

La responsable regional de Bienestar Social ha detallado que la ley tiene dos objetivos, garantizar un sistema de apoyo para cada persona y hacer lo propio con el apoyo residencial para las personas con discapacidad.

Con respecto al primero de estos objetivos, ha reiterado que es los planes de futuro contarán con unidades de orientación y apoyo, que estarán conformadas por los agentes mediadores. Además, existirá un registro en el que se incluirán los planes de futuro.

Por su parte, en lo tocante al segundo objetivo, Aurelia Sánchez ha puesto de relevancia que la ley garantizará que cuando las personas con discapacidad no tengan la facultad de tomar decisiones y no tengan apoyos familiares, tendrán preferencia en el acceso a la red residencial de Castilla-La Mancha.

PAGE DA POR HECHO QUE HABRÁ CONSENSO POLÍTICO

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tomado la palabra en la rueda de prensa para defender la implantación de una ley como ésta "dentro de la maraña legal" de normativa al respecto, tras lo que ha agradecido al equipo de Aurelia Sánchez el trabajo para conformar el texto, para lo cual ha sido necesaria una "gran creatividad jurídica".

Ha considerado que es una ley que "tiene que hacer sentir a los castellano-manchegos orgullosos". "¿Quién ha dicho que las leyes tienen que ser frías o sin espíritu? No sólo va a contar con consenso político, el cual doy por hecho. Y doy por hecho el consenso social que habrá en España", ha indicado.

García-Page ha recordado cómo también fue un Gobierno socialista en Castilla-La Mancha quien impulsó por primera vez en España una ley sobre Violencia de Género.

"Esta ley es un salto cualitativo a la Ley de Dependencia. Es una ley de la que nos hacen sentirnos un país potencia moral", ha dicho García-Page, antes de hacer una referencia velada a Estados Unidos, "quien ostenta el 40% del gasto militar a nivel mundial".

LUCHA POR HACERLO "CONSTITUCIONAL"

Además, Emiliano García-Page ha comprometido su apoyo a impulsar, toda vez que se abra la discusión sobre una reforma constitucional, la posibilidad de que este nuevo derecho que nacerá en virtud de esta ley se recoja en la nueva Carta Magna para hacerlo una realidad también a nivel nacional.

El líder del Ejecutivo castellano-manchego ha insistido en lo "pionero" de esta ley, sólo semejante a normativas de países como Canadá o Suecia. En su opinión, "Castilla-La Mancha vuelve a poner encima de la mesa un avance en derechos".

Esta ley, según García-Page, "le dirá claramente a padres, madres o familiares con personas con dependencia a su cargo que pueden vivir tranquilos".

"Va a ser un derecho exigible ante los jueces que se atienda a estas personas. Sin excusa presupuestaria. Se podrá atender a unas 36.000 personas susceptibles de contar con este nuevo derecho", ha explicado, añadiendo que "no habrá ningún Gobierno, ni siquiera los que tienen tentaciones de recortar, que pueda tocar esta ley".

Para el presidente de Castilla-La Mancha, la intención inicial "se ha mejorado mucho" con este Proyecto de Ley tras el trabajo de la Consejería de Bienestar Social.

http://www.lavanguardia.com/local/castilla-la-mancha/20180320/441735230418/la-ley-de-discapacidad-de-c-lm-garantizara-la-tutela-de-35716-personas-y-arranca-con-5-millones-anuales-de-presupuesto.html

Informe defensor. el defensor del pueblo señala que es "urgente" permitir el voto de todas las personas con discapacidad

El Defensor del Pueblo insiste en su 'Informe Anual 2017' en la "procedencia y urgencia" de que se lleve a cabo la reforma que busca garantizar el voto de todas las personas con discapacidad y así puedan ejercer su derecho en las elecciones municipales, autonómicas y europeas previstas para 2019.

Así figura en el citado informe,  en el que el Defensor del Pueblo lamenta que no se haya producido esta reforma, teniendo en cuenta que ya en el informe del año anterior esta institución celebrara que la propuesta "parecía haber sido sustancialmente incorporada al programa político del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad" y "se expresaba la esperanza de que este problema fuese resuelto en la legislatura".

"Un año después debe lamentarse que no haya sido así", expresa el Defensor en el informe, que añade que, por lo tanto, "es preciso insistir en la procedencia y urgencia de esta reforma, para que pueda ser de aplicación en las elecciones municipales, autonómicas y europeas que se celebrarán en la primavera de 2019".

Por otra parte, el Defensor del Pueblo incide en la necesidad de "atender al tratamiento que hacen los medios de comunicación sobre las personas con discapacidad psíquica y de garantizar la dignidad de todas las personas y el disfrute y libertades sin discriminación".

Por ello, solicitó a la Oficina de la Atención a la Discapacidad de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad que se actualizara la 'Guía de estilo sobre discapacidad para profesionales de los medios de comunicación' que "había sido publicada hace 10 años".

Sin embargo, añade que el Real Patronato sobre Discapacidad informó de que "era imposible acometer el objetivo marcado de redacción de una nueva guía", como consecuencia de "la situación de desequilibrio financiero". "Se ha informado de que es una prioridad para 2018", concluye.

EL NUEVO BAREMO, "SIN AVANCES"

En el ámbito de la protección social de las personas con discapacidad, el Defensor del Pueblo critica que "no se han producido avances significativos en la aprobación del nuevo baremo de valoración de la discapacidad", el cual es "una pieza fundamental para acceder a la protección social dispensada por las administraciones públicas".

Asimismo, incide en que "tampoco se ha avanzado en la aprobación reglamentaria de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad, tal y como exige la disposición final tercera del Texto Refundido de Ley General de derechos de las personas con discapacidad".

Por último, en cuanto a la educación, el Defensor del Pueblo detalla que formuló una recomendación al Ministerio de Educación para que los alumnos con problemas de aprendizaje y TDAH pudiera beneficiarse de las ayudas dirigidas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Además, otra actuación destacada fue la recomendación para que se establezca la obligación de reservar un porcentaje mínimo de plazas de máster y doctorado para los estudiantes con discapacidad y esta institución también inició un expediente de oficio ante las universidades públicas para conocer si sus procedimientos de admisión para este tipo de estudios prevén reservar un porcentaje de plazas a estudiantes con discapacidad.

(SERVIMEDIA)

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9014817/03/18/Informe-defensor-el-defensor-del-pueblo-senala-que-es-urgente-permitir-el-voto-de-todas-las-personas-con-discapacidad.html

El cermi pide a tráfico que regule la pérdida de puntos para conductores que estacionen indebidamente en plazas para personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) pidió al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Tráfico (DGT), que en la reforma de la Ley de Seguridad Vial que está preparando se regule como nueva sanción la pérdida de puntos del permiso de conducción para los conductores que estacionen en plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

"Con esta medida se protegería más intensamente el uso adecuado a su objetivo de las plazas de estacionamiento reservado, sobre las que hay un incumplimiento generalizado tanto por falta de conciencia social como por la ausencia de sanciones efectivas que disuadan a los conductores infractores", afirma el Cermi en una nota.

El Cermi recuerda que ha venido reclamando desde hace tiempo la pérdida de puntos como sanción para estas conductas "gravemente dañosas", pero desde Tráfico se respondió que la retirada de puntos solo se aplicaba a infracciones que tuvieran una relación directa con la seguridad del tráfico.

Ahora, según diversos anuncios, la DGT quiere ampliar la pérdida de puntos a otro tipo de conductas, como la infracción de restricciones medioambientales por parte de los conductores, por lo que la razón de la seguridad ya no sería un impedimento para que se abriera a conductas perjudiciales desde un punto de vista social.

"Los valores medioambientales y de cuidado del entorno son un bien que debe ser protegido, pero de la misma forma que los aspectos sociales y de autonomía de las personas con movilidad reducida, para quienes el vehículo privado y poder estacionar en plazas reservadas es una necesidad imperiosa que también ha de contar con protección legal", concluye el Cermi.

(SERVIMEDIA)

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9016965/03/18/Discapacidad-el-cermi-pide-a-trafico-que-regule-la-perdida-de-puntos-para-conductores-que-estacionen-indebidamente-en-plazas-para-personas-con-discapacidad.html

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