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El ladrillo da la espalda a las personas con alguna discapacidad

El 94% de los edificios españoles incumple la normativa que obliga a facilitar el acceso y la movilidad a las personas con discapacidad

Promotoras como Neinor Homes y Vía Célere ya están impulsando edificaciones comprometidas con la accesibilidad de este colectivo

Suspenso en accesibilidad en el parque español de viviendas. Éste sería, en resumen, el estado actual de las edificaciones residenciales en cuanto a facilidades de entrada para personas mayores o con discapacidad física, así como la movilidad en zonas interiores para los residentes con algún tipo de limitación.

Un informe reciente realizado por Fundación Mutua de Propietarios, en colaboración con la cátedra Unesco de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, daba la voz de alarma. Sólo un 0,6% de los 9,8 millones de edificios de viviendas en España cumple los criterios de accesibilidad universal recogidos en el Real Decreto de 2013, que exige el cumplimiento de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social.

En otras palabras, la mayoría de edificios no están adaptados para los casi cuatro millones de españoles que sufren alguna discapacidad, que representan el 8,6% de la población.

De ellos, más de la mitad (2,5 millones) tiene alguna dificultad física y alrededor de un millón tiene problemas de visión, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). A ellos se suman otros grupos con distintas discapacidades de tipo auditivo o psíquico.

El estudio de la Fundación Mutua de Propietarios refleja que el 63% de los edificios en España no es accesible de la calle al portal porque existen escaleras en este punto. Y únicamente el 28% de las fincas tiene rampa de acceso. Puertas demasiado pesadas o entradas estrechas representan también barreras importantes. Otros datos del estudio son igualmente reveladores: el 14% de las edificaciones no tiene portero automático y, de los que lo tienen, el 68% no se encuentra a la altura de una persona que va en silla de ruedas.

El ascensor configura otro asunto espinoso. El 22% de las viviendas carece de este elemento, lo que es un indicador de la falta de accesibilidad en los hogares.

Pero las facilidades de movilidad no se reducen sólo a entrar en el portal o subir en ascensor. Un punto importante en cuestión de movilidad se centra en los garajes y zonas comunes. El 50% de los entrevistados en el estudio considera que las plazas de aparcamiento no son adecuadas para vecinos con movilidad reducida. En cuanto a los accesos a jardines, piscinas y otras áreas comunes existen igualmente carencias.

Día a día

Acciones sencillas, como coger las cartas, se pueden convertir igualmente en una hazaña para muchos. La altura del buzón no siempre es la adecuada para ellos. Así lo recogía otro informe, realizado por la Fundación ONCE, que ya en 2013 denunciaba las múltiples barreras en los edificios de viviendas.

El 75% de las construcciones residenciales era deficiente, según la fundación, y aseguraba que las propias viviendas constituían los espacios más accesibles de todos los elementos analizados.

Fundación ONCE ya vio ese año la necesidad de realizar el informe para detectar estas deficiencias en la vivienda, "por ser uno de los espacios el que las personas pasan gran cantidad de su tiempo a lo largo del día", afirmaba el documento. Y añadía que "tener una vivienda digna y adecuada es uno de los derechos fundamentales de todas las personas".

Las razones que explican este retraso en accesos y movilidad en el panorama residencial español son dos principalmente. "El desconocimiento sobre la obligación legal de hacer las reformas conveniente y el motivo económico. El alto coste de instalar un ascensor o una plataforma salvaescaleras es la razón que alegan los vecinos, cuando sólo lo necesita uno de ellos en toda la comunidad", señala Sergio Nasarre, director de la Cátedra de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili.

Hay que recordar que el 55,7% de los 25 millones de viviendas en España es anterior a 1980. "La antigüedad del parque residencial es un factor que hace que cualquier reforma sea más costosa", señala el profesor. Una circunstancia que, en su opinión, agrava el problema de la accesibilidad. En las edificaciones con más años puede darse el caso de que no sea posible instalar un ascensor dentro. Esto llevaría a tener que construirlo en el exterior, con lo que el coste se incrementaría aún más.

Nasarre recuerda una circunstancia más: "España es el país de la Unión Europea donde más personas viven en pisos y, por tanto, deben sortear más escalones para llegar a sus casas. Las ciudades son verticales. En otros destinos, como Inglaterra, están más generalizadas las viviendas unifamiliares, a pie de calle y, por tanto, con una accesibilidad más fácil"

Es momento de actuar

Sin embargo, las deficiencias en este ámbito pueden ser vistas como una oportunidad en estos momentos. "Ahora que el sector retoma su crecimiento y se vuelve a construir, es momento de hacer las cosas bien", resalta Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE). A lo que se une, explica Díez, que cada vez existe una mayor sensibilidad hacia las personas con discapacidad. "Con los años se ha visto más compromiso en las comunidades de vecinos hacia los residentes en sillas de rueda o hacia las personas mayores", resalta.

Sobre el impacto económico que suponen estas inversiones se ha mejorado en cuanto a ofrecer facilidades. "Las empresas fabricantes de ascensores y plataformas elevadoras ofrecen cada vez más facilidades de financiar estas instalaciones", señala Díez. "Y los bancos, igualmente, facilitan la financiación para incorporar estos equipos a las comunidades de vecinos", añade

La evolución en la accesibilidad debe pasar por mirar más allá de facilitar la vida a las personas con discapacidad. Porque, como plantea Daniel Cuervo, director gerente de la Asociación de Promotores Madrileños, Asprima: "Cualquiera podemos sufrir un accidente o algún impedimento en algún momento y tener que usar una silla de ruedas. O todos llegaremos a ser mayores y querremos edificios fáciles en cuanto a movilidad".

Lo que defiende Cuervo, en definitiva, es la "accesibilidad universal". Pone el ejemplo de muchos edificios donde, para cualquier persona, ya es complicado orientarse o encontrar el lugar al que se quiere llegar. "La clave es ponerse en el lugar de un colectivo con impedimentos físicos e intelectuales para poner soluciones que faciliten la movilidad de todos", resume. E insiste en la necesidad de aplicar la normativa vigente.

El compromiso de las promotoras

Promotoras de nuevo cuño como Neinor Homes y Vía Célere ya están impulsando edificaciones comprometidas. Y lo están consiguiendo con el asesoramiento de organizaciones que trabajan, día a día, con ciudadanos discapacitados y, por tanto, conocen mejor su realidad.

Neinor dispone del Pack Mobility, con un coste de 15.000 euros. "Se trata de un paquete de medidas centradas en el interior de la vivienda, que ofrece anchos de pasillos especiales o detectores de caídas en el baño, entre otros avances", explica Lucas Galán, director de Producto e Innovación de Neinor Homes. Se basa, explica el directivo, en tener en cuenta tres aspectos: "El diseño arquitectónico, el equipamiento y la tecnología".

Galán señala que se ha contado con el apoyo de Ilunion (grupo empresarial de la ONCE y su Fundación), "con lo que tenemos la experiencia de los que mejor saben sobre las necesidades de estos colectivos vulnerables".

Mobility Pack permite mejoras como una mayor facilidad en la apertura de puertas, percheros abatibles en los armarios para que tengan la altura idónea para las personas que así lo necesiten o mirillas electrónicas con imágenes del exterior más grandes. En cuanto a la tecnología, el pack incorpora sensores en la casa que avisan a familiares del residente en caso de alguna caída o incidente.

Por su parte, Vía Célere piensa en las personas con discapacidad intelectual. Porque, como recuerda Carlos Valdés, director de la Fundación de la promotora, "el foco mayor se encuentra en las personas con movilidad reducida, pero hay distintas capacidades intelectuales, que requieren igualmente de apoyo".

Para ello, la firma impulsa edificaciones con indicativos, guías y señalizaciones claras para facilitar la orientación cognitiva de estas personas, y puedan moverse sin dificultad hasta sus casas. Lo hace en el marco del proyecto Espacio Fácil de Accesibilidad Cognitiva que se impulsó en colaboración con Afanias (Asociación Pro-Personas con Discapacidad Intelectual), la Asociación para la Comprensión Fácil de Entornos y Edificios y el centro universitario CSEU La Salle.

Valdés señala que vimos el momento adecuado para impulsar este proyecto en 2017, "por ser la fecha tope que marcaba la legislación para adaptar los edificios a personas con discapacidad".

No sólo hay que pensar en estas personas, insiste Valdés, hay que ser más ambicioso. "Las personas mayores también pueden desorientarse en los edificios", concluye.

Sólo el 39 % de pacientes renales con trasplante tienen un empleo activo

Apenas el 39 % de los pacientes renales que han recibido un trasplante tiene un empleo activo. Los factores físicos que lleva aparejados consigo este tratamiento y a la dificultad para reincorporarse al mercado laboral tras años de inactividad durante el tratamiento de diálisis imposibilitan, en la mayoría de los casos, el acceso y mantenimiento de las personas trasplantadas al mercado laboral. Esta es una de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa en las I Jornadas Informativas sobre Discapacidad y Enfermedad Renal Crónica de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha de las Enfermedades del Riñon (ALCER), entidad miembro de COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), en las que se concluyó la necesidad de un nuevo baremo de valoración de discapacidad en las personas con enfermedad renal trasplantadas, con el objetivo de facilitar su acceso y permanencia a un puesto de trabajo.

Según los profesionales reunidos en estas jornadas, entre los que se encontraba el presidente de COCEMFE Anxo Queiruga, las personas con enfermedad renal crónica trasplantadas deben de tener las mismas posibilidades que el resto de la sociedad para acceder a un desarrollo vital en igualdad de condiciones, algo imposible sin el apoyo de las administraciones públicas. Por ello, reclaman una revisión de la normativa vigente en el reconocimiento, declaración y calificación del grado de limitación de la actividad perjudica a este colectivo, al que consideran personas curadas aún cuando trasplante es considerado por la Sociedad Española de Nefrología un tratamiento sustitutivo de la función renal y tiene una eficacia temporal (revista nefrología Vol. 14, año 1994).

Entre otras cuestiones, en las jornadas se concluyó que el actual baremo no garantiza que las personas con trasplantes renales sean consideradas legalmente como personas con discapacidad, pues se sigue dando mayor importancia a la severidad de las limitaciones para las actividades, que a la existencia de barreras que provienen de factores ambientales.

Esto se debe a que el procedimiento, declaración y certificación del grado de discapacidad se basa principalmente en la deficiencia, que es de carácter individual, dejando en un segundo plano tanto las limitaciones en la actividad, que pueden ser reales o atribuidas por la sociedad, obviando la existencia de una discapacidad desde el modelo social.

Además, el actual modelo de discapacidad en nuestro país condiciona la titularidad de derechos a la existencia de un acto administrativo dictado por un órgano técnico competente en el que se reconozca un determinado grado de severidad. Un concepto restringido de discapacidad, que deja fuera de la protección a todas aquellas personas cuyas deficiencias no alcancen un determinado grado, pero que deben de seguir enfrentándose a barreras ambientales, que limitan o impiden su participación plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás, en la vida social, laboral o de cualquier otro tipo.

A este respecto, Queiruga garantizó que tanto COCEMFE está “trabajando para conseguir que desde la administración sean conscientes y solucionen los problemas del actual baremo de discapacidad y que la valoración se amolde al siglo XXI, incorporando a nuestro sistema jurídico la clasificación que la Organización Mundial de la Salud publicó en el año 2001″. En su opinión, “este paso es imprescindible para acabar con las desigualdades territoriales, para que se puedan proporcionar los apoyos que realmente son necesarios por tener una discapacidad y, sobre todo, es fundamental para garantizar los derechos de las personas con discapacidad orgánica”.

Por todo esto, el modelo social de la discapacidad que se propone en estas jornadas aboga por considerar como personas con discapacidad a aquellas que por el simple hecho de tener un diagnóstico, tienen una capacidad disminuida y, por lo tanto, no pueden acceder a determinados derechos, bienes o servicios.

LA NECESIDAD DE REVISAR LA LEGISLACIÓN

Por otro lado, durante las jornadas se denunció que una norma como el art. 52D del Estatuto de los Trabajadores genera una discriminación indirecta que afecta a la igualdad de oportunidades, por permitir el despido de aquellos trabajadores/as que acumulen un determinado volumen de falta de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, como se ha planteado en la reciente sentencia del tribunal de justicia de la UE en el caso Ruiz Conejero (18 de enero de 2018). A este respecto, la enfermedad renal crónica (ERC) es una patología que por sus características tiene un gran impacto sobre la calidad de vida de aquellas personas que la tienen, ya que además de las restricciones físicas individuales conlleva numerosos tratamientos que afectan en su vida diaria.

Por su parte, el trasplante renal es una alternativa terapéutica inserta en el concepto de tratamiento renal sustitutivo (TRS), al igual que la diálisis. El trasplante renal constituye una solución temporal para un colectivo minoritario, pues no todo el mundo es susceptible de recibirlo, que supone una mejora en su salud y en la calidad de vida. Pero no se debe de confundir el concepto de mejoría con el de curación, puesto que la enfermedad renal de base se mantiene. Las personas trasplantadas necesitan continuas y periódicas visitas al servicio de Nefrología y a otros servicios complementarios y necesarios para la supervivencia del injerto; pueden sufrir hospitalizaciones, cambios de pauta en la medicación o modificaciones del tratamiento debido a su nefrotoxicidad y efectos secundarios.

Desde la Federación Nacional ALCER insisten en la necesidad vital que supone para las personas con enfermedad renal y trasplantada de riñón obtener el reconocimiento legal de persona con Discapacidad, pues le va a permitir el acceso a los cupos restringidos en las Ofertas Públicas de Empleo, o a los beneficios fiscales y laborales que nuestras leyes ofrecen a los empleadores en el sector público y privado, y que vienen a compensar las limitaciones que por motivo de salud tienen estos trabajadores.

“Creemos que una apuesta decidida por el modelo social de la discapacidad que se adopta en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad debería suponer ir más allá de la obtención de un certificado con un porcentaje de limitación a la hora de ser reconocida legalmente cómo personas con discapacidad”, exponen desde la federación. “Las personas con ERC, por el simple diagnóstico ya se enfrentan a toda una serie de barreras legales y actitudinales que afectan negativamente al disfrute de los derechos en igualdad de condiciones”, concluyen.

http://www.cocemfe.es/comunicacion_portal/?p=19941

La atención a los dependientes de Castilla-La Mancha saca la segunda mejor nota de España

El XVIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia ha ofrecido sus datos sobre el cumplimiento de la aplicación de la ley de Dependencia en las Comunidades Autónomas al cierre de 2017, en los que califica a Castilla-La Mancha con un 8,2, la mejor nota desde que entrara en vigo la medida y que le sirve para escalar 1,4 puntos, colocándose sólo por detrás de Castilla y León, que obtiene 8,9.

Según estos datos difundidos por el Observatorio, la calificación de la región ha evolucionado desde el suspenso a mediados de 2015 --que se elevó al 5,7 al cierre del año-- hasta el 8,2 actual. Además, es la segunda región que más crece en cuanto a beneficiarios, ocupa el tercer puesto en número de beneficiarios y es la tercera tras País Vasco y Cantabria respecto al gasto público.

El informe, recogido por Europa Press, añade que la región dejó de recibir 28,9 millones del Estado para financiar la Dependencia en 2017.

Avanzando hacia la eliminación de la lista de espera

Destaca en sus conclusiones que el limbo de la dependencia sigue siendo alto "pero la Comunidad Autónoma mantiene la tendencia de eliminación de la lista de espera reduciéndola en este último año a la mitad, ya que pasa del 36% de 2016 a 18,5% a finales de 2017, y situándose por primera vez desde 2015 por debajo de la media nacional".

"De la misma manera mantiene la tendencia al alza del observatorio anterior en cuanto a servicios entregados que si en 2016 hubo aumentado un 20%, ahora mejora aun más con un aumento del 30,65%", argumenta el Dictamen, que añade que se generan 37 empleos por cada millón de euros de gasto público en este ámbito.

Como dato negativo, destaca el descenso en el número de valoraciones que ya apuntaba en 2016 y que, a su vez, provoca el descenso de personas con derecho a prestaciones.

"Es importantísimo que Castilla-La Mancha acompase sus esfuerzos de incorporación de personas con derecho a las prestaciones con la intensificación y simplificación de las valoraciones buscando soluciones organizativas y administrativas que ya han explorado otras comunidades autónomas", recomiendan.

https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/139095664/La-atencion-a-los-dependientes-de-Castilla-La-Mancha-saca-la-segunda-mejor-nota-de-Espana.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=25&tipo=3&identificador=139095664&id_boletin=472177108&cod_suscriptor=59064428

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